Centro Independiente de Informacion Nacional

lunes, 31 de mayo de 2010

El Zenzontle 77 junio

Va El Zenzontle número 77 de junio de 2010.

Dedicado a las semillas que florecerán o las que ya lo hacen en la lucha de pueblos, comunidades y naciones.

La necedad del gobierno mexicano, se parece a la que lleva a todos los poderosos a no ver a los pueblos, a la historia y ni siquiera al planeta: unos toman las muertes y violencias como males colaterales, otros hacen lo mismo con el derrame de petróleo en mares y tierras, con la depredación de la naturaleza, el despojo de territorios y recursos y la acechanza a vidas, lo mismo de las niñas y niños como los de la guardería ABC cuyos padres luchan sin claudicar, igual que los electricistas del SME, los Atencos, Las Parotas, las mujeres y hombres de Ayutla de Los Libres quienes a doce años de la masacre de El Charco defienden su vida digna y autónoma.

Igual que las comunidades organizadas y sus Juntas de Buen Gobierno zapatistas, ejemplo del poder desde abajo y a la izquierda.

Va nuestra solidaridad contra los despidos injustificados que sigue realizando el Gobierno del DF de trabajador@s que sólo exigen sus derechos.

En este número hasta la perrita griega Mel nos habla de cómo se le puede responder al capitalismo y a sus vecinos, el racismo ahora ejemplar en Arizona o el patriarcado de quienes usan a las mujeres como blanco de sus guerras antipopulares.

Hay de todo como en las boticas autónomas de los que tienen la salud en manos del pueblo.

Bien has sembrado Bety Cariño, y tú Roque Dalton cosechas rebeldías.
EL ZENZONTLE

Ayuda a San Juan Copala

Estimadas y estimados compañeros,
El próximo 7 de junio de 2010 se llevara a cabo una Caravana a San Juan Copala por lo que en ASILEGAL tendremos un Centro de Acopio y les solicitamos de la manera más atenta si está en sus posibilidades traer lo siguientes productos o bien también pueden llevarlos al Zocalo:
· Granos
· Arroz
· Frijol
· Sal
· Azucar
· Maíz
· Chiles secos
· Aceite
· Leche en polvo
· Latas
· Cobijas
· Juguetes para las y los niños
· Jabón en polvo
Sin más les agradezco su atención y recuerden que los productos deberán traerlos a ASILEGAL o llevarlos al Zócalo antes del viernes 4 de junio.

Miriam Silva Romero
Coordinadora del Área de Educación y Enlace
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.
Anaxagoras No. 511
Col. Narvarte, Del Benito Juárez
Tel/fax 5523 26 90 ó 5639 67 55
asilegal_difusion@prodigy.net.mx
www.asilegal.org

sábado, 29 de mayo de 2010

Compartimos el resumen ejecutivo del Balance Anual del Frayba

Compartimos fotos y audios de la presentaciòn del Balance Anual en las instaciones del Frayba en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2010/05/resumen-ejecutivo-balance-anual-frayba.html
http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/100526_resumenes_ejecutivos_balance_2009_listas.pdf
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Capítulo 1
EJERCICIO DEL DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN

Los pueblos indígenas y campesinos demuestran que la autonomía es un camino que se construye, se reinterpreta y se resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias. La autonomía se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos en contraposición a la lógica del sistema capitalista y su ideología de desarrollo basada en la sobreexplotación de los pueblos y los recursos naturales. Proyectos impulsados por este sistema, como el Proyecto Mesoamérica con sus programas de infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo militar, constituyen la continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza.

Con los proyectos de infraestructura, el gobierno tiene la intención de despojar de la tierra a los pueblos y comunidades, en su mayoría indígenas, bajo el discurso del “desarrollo”. Sin embargo, su concepto de desarrollo supone la venta para el turismo de la gran diversidad biológica y cultural del Estado de Chiapas, de la cual se beneficiarán inversionistas internacionales y nacionales. Su estrategia consiste en convertir la tierra en mercancía, reduciendo a los pueblos y comunidades a mera servidumbre del turismo “alternativo”, “desarrollista” y otros conceptos que implican un nuevo modelo de colonización.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaria de la Reforma Agraria , la Procuraduría Agraria y otras de sus dependencias, ha obviado el problema relacionado con la tierra y ha fomentado conflictos en diferentes regiones del Estado, por ejemplo, otorgando tierras recuperadas a peticionarios afines a su proyecto de privatización valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).

En Chiapas, los gobiernos federal, estatal y municipal utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales de la región. La represión contra los pueblos que históricamente han poseído la tierra donde se han desarrollado culturalmente ha aumentado, y los derechos a la libre determinación y al territorio de los pueblos indígenas se están violando de manera sistemática.

En los 21 años de trabajo de este Centro de Derechos Humanos hemos documentado que la estrategia de despojo utilizada contra los pueblos indígenas de Chiapas tiene como objetivo final la imposición de la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades. Sin embargo, a pesar de esta estrategia los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio.

Durante el período que reporta este Balance, la participación de diferentes pueblos y organizaciones en espacios estatales, regionales y nacionales ha generado mayor articulación, solidaridad e intercambio de experiencias para fortalecer los procesos de defensa de los derechos a la tierra y territorio. Además, organizaciones y personas, tanto nacionales como internacionales, han expresado su apoyo a las comunidades y organizaciones cuyos derechos han sido violados realizando acciones de difusión y denuncia en sus lugares de origen, como charlas, divulgación de información, debates, proyecciones de películas y documentales, manifestaciones, acciones de cabildeo, etc.

En relación al medioambiente, a nivel nacional la lucha contra el calentamiento global y la protección ambiental ha generado nuevas políticas en los Estados que están propiciando “alternativas” anunciadas como “ecológicas y sociales”, como los agrocombustibles y el maíz transgénico. En este sentido, los gobiernos federal y estatal apoyan proyectos de monocultivo para agrocombustibles sosteniendo que son una oportunidad para el desarrollo económico y social de las comunidades de los estados más pobres como Chiapas.

En el actual contexto de globalización, el cultivo del maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. El objetivo consiste en que los pueblos pasen a depender de las empresas transnacionales para su alimentación y sobrevivencia y se inserten en la lógica capitalista consumista. Estas alternativas son un peligro para el medioambiente así como para los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la consulta, a la tierra y al territorio.

Este Centro ha confirmado en el 2009 cómo el gobierno mexicano ha continuado con el patrón violatorio a los derechos humanos del desplazamiento interno. En la Biosfera Montes Azules, desde los años 90 los gobiernos federal y estatal han implementado desalojos a comunidades indígenas que llevaban décadas asentadas en la región. Durante el periodo que se reporta se documentaron y denunciaron dos nuevos desalojos. Estos hechos forman parte de la estrategia oficial de despojo, exclusión y discriminación bajo el argumento de “conservación del medio ambiente”, pero cuyo interés real es la inversión nacional e internacional en los ámbitos del turismo y la investigación. El Estado mexicano sigue promoviendo el despojo y la incertidumbre jurídica, lo cual afecta seriamente la posibilidad de que los pueblos indígenas forjen un proyecto de vida digna.

La autonomía es el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias formas de organización, gobierno y proyecto de vida. Sin embargo, en México los pueblos se enfrentan a grandes dificultades en la construcción y ejercicio de su autonomía debido a la negación del Estado mexicano a reconocerlos como sujetos de derecho.

Ante las demandas de autonomía de la población indígena, el Estado mexicano se ha limitado a ofrecer subvenciones paternalistas mediante programas de gobierno que crean dependencia y que utiliza en un sentido mediático para el control político y contrainsurgente.

La libre determinación implica que los pueblos asuman el control de su territorio, de la procuración y administración de justicia, y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos naturales de sus territorios.

Los sucesos ocurridos durante este año demuestran que el gobierno pretende llevar a cabo sus planes de privatización y globalización pasando por encima de la vida y el respeto a los pueblos indígenas, valiéndose de sus grupos e instituciones afines para lograr tal objetivo. Como consecuencia, los intereses económicos externos contribuyen a reprimir el derecho a la autonomía, un derecho integral cuyo ejercicio afecta todos los ámbitos de la vida comunitaria.
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Capítulo 2

CRIMINALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El gobierno mexicano está implementando una estrategia coercitiva y de control hacia cualquier forma de inconformidad social en lo económico, social y político, que pone en evidencia su estrategia de imposición con la implicación de los poderes de la unión en complicidad con los poderes fácticos del Estado. Por un lado modifica las leyes para suavizar y facilitar el acceso de las empresas transnacionales a los recursos, y por otro endurece las leyes penales con el fin de reprimir cualquier obstáculo a estos intereses.

Un ejemplo son las reformas legislativas al artículo 27 constitucional y a las leyes secundarias que derivan de éste, modificadas con la finalidad de sintonizar con un marco jurídico adecuado para facilitar el despojo territorial de los pueblos, lo cual implica un retroceso de las conquistas sociales conseguidas gracias a la Revolución Mexicana.

La violencia generada con motivo de la lucha contra el narcotráfico permitió abrir el abanico legislativo óptimo para la construcción de un gobierno represor. Esto se observa claramente en las reformas a los artículos 14, 16 y 21 constitucionales que enduren las leyes penales, y su replicación en las legislaciones y reglamentos de las entidades federativas. Los poderes ejecutivo y judicial, a través de sus órganos de procuración y administración de justicia, aprovechan estas reformas legislativas como argumentación legal para perseguir, arraigar y encarcelar a integrantes de movimientos sociales, sobre todo a quienes trabajan por la defensa y reivindicación de los derechos al territorio.

El gobierno mexicano violenta los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos criminalizando su labor, señalándolos como presuntos delincuentes subversivos, hostigándolos mediante vigilancia, o integrándolos en informes que filtran a los medios de comunicación con la finalidad de desacreditar la defensa de los derechos humanos.

Esta afirmación la confirma el informe del 2009 sobre la situación de las y los defensores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, donde en su capítulo V considera que los riesgos a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos se deben a los siguientes factores:

“Incremento de la violencia e inseguridad que representa la actuación del crimen organizado; la falta de claridad en la legislación sobre seguridad por parte del Estado mexicano, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Campañas de desprestigio donde los prejuicios que aún existen en torno al trabajo de los y las defensores de derechos humanos los clasifica como delincuentes o protectores de estos; el uso de las autoridades locales de los medios de comunicación para descalificar el trabajo de los defensores y poner en duda su trabajo.
El mensaje de impunidad en donde, de los 128 casos de presuntas agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, únicamente en dos ocasiones se ha procesado judicialmente a los probables responsables, resultando en un nivel de impunidad del 98.5%.”
A pesar de los hechos de hostigamiento y tortura señalados, las defensoras y defensores de derechos humanos continúan con su labor de acompañar y defender el ejercicio pleno de los derechos humanos en Chiapas.

Por otra parte, las personas que son privadas arbitrariamente de la libertad por agentes adscritos a los órganos de procuración y administración de justicia se vuelven vulnerables a actos de coerción y tortura por parte de la policía, de funcionarios del Ministerio Público y de funcionarios judiciales.

En Chiapas este problema se ve agravado por la dificultad de obtener pruebas médicas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por la falta de investigación y protección por parte del poder judicial una vez los detenidos denuncian los abusos. Los médicos forenses que evalúan la condición física de los detenidos son empleados del Ministerio Público, órgano al cual pertenecen los agentes frecuentemente responsables de cometer los abusos. Como resultado, los informes realizados por tales médicos no son confiables. Además, cuando un acusado desea impugnar las pruebas forenses del Ministerio Público, el juez concede menor peso probatorio a los estudios o exámenes de médicos o especialistas privados que a los realizados por los servicios forenses oficiales, por lo que es prácticamente imposible para un acusado aportar pruebas de tortura evidentes y claras para que el tribunal investigue.

La política de combate al narcotráfico implementada por el titular del ejecutivo federal en contra del crimen organizado no ha quedado sólo en el plano militar, sino también en el ámbito jurídico al decretarse la reforma constitucional de junio de 2008. En dicha reforma se incorporó como figura jurídica constitucional el arraigo que, de acuerdo con el discurso oficial, se aplicará exclusivamente a los miembros de la delincuencia organizada y bajo el más estricto control judicial. Sin embargo, tal y como señala la Organización Mundial contra la Tortura , esta figura jurídica crea un “subsistema de excepción para las personas acusadas de formar parte de la delincuencia organizada, lo cual limita sus derechos procesales”, y además “facilita que sean acusados miembros de movimientos sociales, incluidos defensores de derechos humanos, como participantes de la delincuencia organizada”, lo cual se demuestra en los casos documentados por este Centro en el 2009.

Todo lo anterior ha derivado en un incremento de la represión y criminalización que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil. El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación arbitraria de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos.

Este Centro de Derechos Humanos condena la represión y la criminalización de la protesta social como vías para atender las demandas sociales y de justicia de los pueblos y de las organizaciones sociales. Por ello, este Centro insta a los gobiernos estatal y federal a buscar vías de solución pacificas y dialogadas a las demandas sociales sin poner en riesgo el ejercicio pleno de los derechos humanos, el cual es parte integral de la denuncia y defensa de los procesos y contribuye a construir alternativas de vida más justas y verdaderas.

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Capítulo 3

LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS

La lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos ha sido una dura batalla por la memoria, contra la violencia y contra la discriminación de un sector de la población no minoritario dado que más de la mitad de la población mundial son mujeres.

Los instrumentos internacionales más importantes de las Naciones Unidas en relación a los derechos de la mujer son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la CEDAW, por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, donde los Estados parte reconocen la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el CEDAW). En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y un año después creó el mandato de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer.

En 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyó en la agenda internacional y en los documentos sobre derechos humanos el concepto deviolencia por razón de género al instituir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), creándose en el mismo año la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer al interior de ese organismo. La Convención Belém do Pará indica de manera clara que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Al suscribir estos acuerdos internacionales, el gobierno mexicano se vio obligado a reconocer la violencia ejercida en contra de las mujeres y, como consecuencia, a legislar al respecto, emitiendo en el 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, esta ley tiene limitaciones en cuanto a prevención e investigación de los delitos, rehabilitación y resarcimiento de las víctimas, y sanción a las autoridades omisas o negligentes responsables de que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas queden impunes.

En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el estado de Chiapas, no cuenta con un reglamento ni con mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación. En los municipios estas leyes no se aplican ni siquiera en el plano discursivo.

Las reformas al artículo 4 de la Constitución del estado de Chiapas, así como las adiciones a los Códigos Civil y Penal del estado realizadas en diciembre del 2009, tienen serias deficiencias en su armonización con la normatividad internacional relativa a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, tal y como ha sido denunciado por diferentes grupos de mujeres de la sociedad civil.

El gobierno mexicano no ha asegurado plenamente y de manera efectiva los derechos de las mujeres, por lo que el reconocimiento de estos derechos humanos sólo se encuentra en los instrumentos jurídicos pero no en la realidad. Por ello, los movimientos de mujeres trabajan para adecuar la legislación de manera que garantice el ejercicio pleno de sus derechos.

El sistema patriarcal dificulta que las mujeres asuman una vida independiente y valorada socialmente. Cuando surgen situaciones de violencia contra la mujer en la familia se genera un estado de vulnerabilidad, el cual se agrava cuando la mujer mantiene una relación de dependencia con el hombre agresor, por lo que no puede abandonarlo fácilmente. Aun existe una idea distorsionada de la intimidad familiar que justifica al agresor. Este círculo de violencia y de impunidad cuenta con el apoyo social dado que todavía son aceptadas estas prácticas agresivas y violatorias de los derechos de las mujeres. El círculo se cierra cuando las normas jurídicas que deben aplicarse en estas situaciones son inadecuadas o cuando se utilizan sin la sensibilidad y perspectiva de género necesarias. Las leyes son concebidas por un poder legislativo permeado por los prejuicios machistas y patriarcales imperantes.

Pese a esta cultura dominante, el empoderamiento de las mujeres para defender el respeto a sus derechos es cada vez mayor, lo cual constituye un símbolo de esperanza. El simple hecho de que las mujeres denuncien cada vez con más frecuencia todo acto que fomente la violencia hacia ellas es una muestra de valentía que va rompiendo con el círculo vicioso.

En Chiapas, el Código Penal históricamente no ha tipificado la violencia contra la mujer como delito, poniendo en peligro su integridad y fomentando el desistimiento de la queja cuando la interponen. Este vacío en el Código Penal chiapaneco es discriminatorio y permite la impunidad ya que proporciona argumentos a las instituciones de procuración de justicia para no visibilizar esta violación del derecho a una vida libre de violencia. En el Código Penal el delito de violencia familiar cubre el vacío del delito de violencia contra la mujer, lo que demuestra que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas no cuenta en la práctica con mecanismos que hagan posible su aplicación.


viernes, 28 de mayo de 2010

Violaciones sexuales e impunidad militar en Guerrero

LA JORNADA

Violaciones sexuales e impunidad militar en Guerrero

Abel Barrera Hernández*

El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Me’ Phaa, fue torturada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano mientras lavaba su ropa en un arroyo cercano a Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en pleno corazón de la Montaña de Guerrero. En ese tiempo Valentina contaba con 17 años y tenía dos años de casada con Fidel Bernardino, con quien procreó a su hija Yenis.
El día de la agresión sexual, Valentina salió de su casa como a las dos de la tarde. Mientras lavaba, la abordaron ocho soldados del Ejército Mexicano, que traían a un civil amarrado de las manos. Entre amenazas e insultos la empezaron a interrogar: ¿Dónde están los encapuchados? Al tiempo que le mostraban la fotografía de una persona le exigían que dijera cómo se llamaba. Un militar le apuntó con su arma y le dijo: ¿Por qué no hablas? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco?
En seguida le mostraron una hoja de papel donde estaban escritos varios nombres que le fueron leyendo. Apareció su esposo Fidel y el de Ezequiel Sierra, quien en ese entonces era autoridad municipal de Barranca Bejuco e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT). Para los militares las 11 personas que leyeron eran de Barranca Bejuco y andaban con los encapuchados.
El silencio de Valentina irritó a los militares y de manera cobarde uno de ellos la golpeó con su arma en el estómago. Valentina cayó sobre las piedras y perdió el conocimiento por unos instantes. En ese momento el mismo militar la agarró de los cabellos y la siguió increpando: ¿Por qué dices que no sabes nada? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco? Postrada sobre las piedras mojadas, el militar le amenazó con matarla si no decía quiénes eran los encapuchados. La golpeó nuevamente en la cara y la sometieron para que un militar la violara. Esto mismo hizo otro militar, mientras los otros seis se apostaron alrededor de ella, para hacer más cruento su sufrimiento.
Valentina después de esta atrocidad corrió semidesnuda hacia el pueblo, y entre sollozos pudo llegar a la casa de sus suegros para refugiarse en los brazos de su cuñada, y esperar la llegada de Fidel.
Desde aquella fecha Valentina ha luchado contra el Ejército y el aparato de justicia a riesgo de su propia vida. Pidió el apoyo de la autoridad comunitaria, quien se lo negó por temor a sufrir alguna represalia. Acudió con la OPIT para interponer la queja ante las comisiones de derechos humanos y la denuncia ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres. Desde el día que se interpuso la denuncia, el Ministerio Público declinó su competencia para turnarla al fuero militar, que en los hechos ha sido sinónimo de impunidad.
Otro caso de violación sexual sucedió el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Se trata de Inés Fernández Ortega, una indígena del pueblo Me’Phaa, que fue violada en el interior de su casa por un militar. El testimonio que Inés presentó al Ministerio Público narra que como a las tres de la tarde del día 22 de marzo, 11 militares se metieron sin permiso al patio de su casa. Ella recuerda que se encontraba en su cocina preparando agua fresca para sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, cuando vio que ocho de los militares empezaron a recoger la carne de res que su esposo había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar de gritar a los militares para que no se robaran la carne, prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron tres militares que la encañonaron y la increparon: ¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos adónde fue o no vas a hablar? ¿Ustedes son narcotraficantes? Inés no pudo contestar nada porque no habla español.
Uno de los militares la agarró de las manos y la obligó a tirarse al suelo. Inés fue inmediatamente sometida, por la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban. Sin que les importara la presencia de sus pequeños hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso), un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros dos militares se encargaron de proteger al violador y de correr a los niños.
Noemí, la hija mayor de Inés, testificó que el militar que abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia del 41 batallón de infantería. Ella corrió a la casa de su abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa, mientras Inés era ultrajada por los militares.
Ante este hecho deleznable Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, pidió el auxilio del comisario municipal para interponer la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el Ministerio Público el 24 de marzo de 2002. De nueva cuenta la historia de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en manos de la justicia militar la investigación del caso.
Tanto Inés como Valentina fueron violadas por elementos del Ejército en un contexto de guerra de contrainsurgencia. Desde la masacre de El Charco, acaecida el 9 de junio de 1998, donde el Ejército asesinó a 11 indígenas, no ha cesado la persecución contra los miembros de la OPIT ni de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Las mujeres se han transformado en el blanco de ataque para causar terror y destruir la organización comunitaria.
Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en nuestro país, Inés y Valentina acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir los dos casos ante la Corte Interamericana. El caso de Inés Fernández fue abordado en la audiencia del 15 de abril realizada en Lima, Perú, mientras que en el caso de Valentina, la corte tiene programada una audiencia para este 27 de mayo en San José, Costa Rica.
Son las mujeres indígenas las que están dando la batalla a riesgo de su seguridad y de su vida para romper el muro de la impunidad causada por el fuero militar.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan


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Radio Ñomndaa "La palabra del agua"

¡Nunca más un México sin nosotros!

¡Presos Políticos Libertad!

Invitación película Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos



Enviamos la siguiente invitación a la presentación de la película-documental

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Este filme aborda varias facetas de la desaparición forzada en nuestro país desde la década de los 70, partiendo del papel que el Comité ¡Eureka! y Doña Rosario Ibarra han jugado en su lucha contra éste crimen de lesa humanidad.

Esperamos contar con su asistencia.

jueves, 27 de mayo de 2010

Urgente!!! Todos a la embajada de Canadá por Andalgalá



Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
26 de mayo de 2010

¡¡¡Urgente!!!
Todos a la embajada de Canadá por Andalgalá

Por decisión de último momento de la Asamblea del Algarrobo de Andalgala, comunicamos de manera urgente la necesidad de contar con una masiva participación de los compañeros de Buenos Aires en las oficinas de la embajada de Canadá (Tagle 2828, cerea de Figueroa Alcorta y Austria) en el horario de las 9,30hs. Las corporaciones trasnacionales mineras que tienen su origen en ese país del norte, reunidas en nuestro país, intentan fijar una nueva estrategia que les facilite desarrollar su actividad extractiva, que no es otra cosa que el saqueo de los bienes comunes de los pueblos del sur.
La UAC, a través de su comisión de prensa, se hace eco de la solicitud de los compañeros de Catamarca y distribuye esta información a través de sus redes.
A continuación reproducimos el comunicado de la Asamblea El Algarrobo:
EL 27 MAYO ASAMBLEA EL ALGARROBO DENUNCIA A

MINERA ALUMBRERA Y AGUA RICA EN LA EMBAJADA DE CANADÁ


A RAÍZ DE LA CARTA QUE LA ONG INTER-PROVINCIAL CONCIENCIA SOLIDARIA, ENVÍO A LA EMBAJADA DE CANADÁ, DENUNCIANDO LA REPRESIÓN DEL 15 DE FEBRERO SUFRIDA POR EL PUEBLO DE ANDALGALÁ, SE PRESENTO LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR FRENTE A LA SUCURSAL DEL GOBIERNO CANADIENSE, LA PRONUNCIACIÓN INDECLINABLE DE LA COMUNIDAD, DE ACCIONAR SOCIAL, LEGAL, Y POLÍTICAMENTE EN CONTRA DE LA EXPLOTACIÓN DE AGUA RICA, Y EXIGIR EL INMEDIATO CESE DE LA EXPLOTACIÓN DE MINERA ALUMBRERA.
ASÍ COMO NOS COMPROMETEMOS A TRABAJAR REGIONALMENTE PARA PROHIBIR LA MEGA MINERÍA. METALÍFERA-URANÍ FERA EN EL TERRITORIO NACIONAL.

COMO LA EMBAJADA PRONUNCIO "DESCONOCER" LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN EL OESTE CATAMARQUEÑO, ASAMBLEA EL ALGARROBO DECIDIÓ ASENTAR EN "MESA DE ENTRADA" LA FORMAL DENUNCIA CONTRA LAS EMPRESAS, YA QUE CONSIDERAMOS FUNDAMENTAL DESENMASCARAR LA COARTADA EN LA QUE LA EMBAJADA SE ESCUDA.

PARA ESTO SE PRESENTARA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LAS REITERADAS DENUNCIAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS MINERAS EN GENERAL -DESTACÁNDOSE EL PROCESAMIENTO DE JULIÁN ROONEY PRESIDENTE DE MINERA ALUMBRERA- Y A MINERA AGUA RICA EN PARTICULAR, YA QUE EL ACCIONAR DE ESTAS EMPRESAS CANADIENSES, VIOLAN SISTEMÁTICAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DE LA
MADRE TIERRA.

EN LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS REALIZADA EL 23 DEL CORRIENTE EN EL MARCO DE LA SEMANA DE MAYO EN NUESTRO DEPARTAMENTO, CONSENSUAMOS JUNTO A LAS ASAMBLEAS PRESENTES, DENUNCIAR A AGUA RICA Y A LAS EMPRESAS MEGA MINERAS COMO RESPONSABLES DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PRONUNCIANDO QUE LAS ASAMBLEAS NO TRATAN NI DIALOGAN CON LAS EMPRESAS ASESINAS, SINO QUE RESPONSABILIZAN A LOS GOBIERNOS DE VIABILIZAR SU INSTALACIÓN EN NUESTRO TERRITORIO NEGOCIANDO LA VIDA.

-LOS GOBIERNOS QUE NO ACCIONEN EN DEFENSA DEL TERRITORIO, LOS BIENES COMUNES Y LOS DERECHOS HUMANOS, SON CÓMPLICES DEDELITOS DE LESA HUMANIDAD.

.-LOS GOBIERNOS QUE DECLARAN A LOS PUEBLOS COMO SACRIFICABLES SON RESPONSABLES DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD,

-LOS GOBIERNOS QUE NO ACCIONAN EN FAVOR DE LAS VERDADERAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES SON RESPONSABLES DE DELITOS DEL LESA HUMANIDAD.

CONVOCAMOS A ORGANIZACIONES SOCIALES, ASAMBLEAS, Y A LOS PUEBLOS ACOMPAÑARNOS Y MOVILIZARNOS FRENTE A LA EMBAJADA EN EL MARCO DE ESTA REUNIÓN QUE SE LLEVARÁ ACABO EL JUEVES 27 DE MAYO DE 2010, A LAS 9:30 HS., PARA MANIFESTAR EL ABSOLUTO REPUDIO A LA ACTIVIDAD MEGA-MINERA EN NUESTRO TERRITORIO Y DENUNCIAR LOS REITERADOS DELITOS DE ESTAS EMPRESAS CANADIENSES. -

ASAMBLEA EL ALGARROBO


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Publicado por El Algarrobo para Asamblea El Algarrobo el 5/26/2010 02:35:00 PM

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La Asamblea EL ALGARROBO
Andalgalá Catamarca

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Union de Asambleas Ciudadanas

Boletín de prensa: Resultados de la Capaña por la Justicia

Puebla, Pue. a 27 de mayo de 2010.

Boletín de la rueda de prensa convocada por:

El Panel de Observación de los Derechos Humanos para Puebla.

La Red de Defensa de los Derechos Humanos. REDDH.

Víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones de ciudadan@s, de comerciantes y ONG.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro A.C.

Saludamos a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan ésta mañana. Ciudadanas y ciudadanos.

Antes que nada queremos agradecerles el interés y la atención que mostraron hacia la Campaña por la Justicia.

La razón por la que les hemos convocado es para rendir un informe de los resultados de la Campaña por la Justicia, hasta el día lunes 24 de mayo que nos plantamos afuera del edificio que se habilitó para instalar los Juzgados Penales del Estado de Puebla y que dependen del Poder Judicial.
Como ustedes saben, la campaña que inició el día 11 de mayo frente a la sede del Gobierno Estatal ubicada en Casa Aguayo, tiene como uno de sus fines apoyar a personas que han sufrido violaciones a sus garantías individuales y a sus derechos humanos.
Al iniciar las actividades de la Campaña por la Justicia, funcionarios de la Secretaría de Gobernación Estatal, nos pidieron que no nos plantáramos ahí, que lleváramos nuestra protesta a las instituciones a las que les correspondía atender nuestras peticiones, o en su defecto, nos ofrecían atendernos ahí, proponiendo una mesa de diálogo con funcionarios del gobierno estatal.
Rechazamos la invitación y nos negamos a levantar el plantón de Casa Aguayo por los siguientes argumentos.

Primero.- Porque queremos hacer visible el tema de la Violación Sistemática a los Derechos Humanos en el Estado de Puebla.

Segundo.- Porque aunque la ley marca que debe existir división de Poderes, las decisiones que impactan a la sociedad se toman desde el poder Ejecutivo, asumiendo éste funciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Tercero.- Porque los expedientes que contienen los casos de violación de Derechos Humanos se presentaron ante las autoridades correspondientes, y éstas, en la mayoría de los casos, no han respondido satisfactoriamente.
Cuarto.- Ante éste comportamiento de los funcionarios responsables de dar respuesta a las peticiones presentadas, exigimos al titular del poder Ejecutivo respuestas concretas a cada una de las peticiones expuestas.
Después de permanecer casi una semana frente a Casa Aguayo, la Campaña por la Justicia se plantó frente al edificio que ocupa la Presidencia del Poder Judicial el día lunes 17 del mes en curso.
El martes 18 nos presentamos en la sede del Poder Legislativo.

El día miércoles 19 nos paramos frente al edificio de La Procuraduría General de Justicia, mencionando que mientras nos instalábamos fuimos agredidos por cerca de veinte Agentes Judiciales sin mediar explicación alguna.
Recibimos del Procurador una disculpa pública por esos hechos el mismo día.

El jueves 20 instalamos el plantón en la plancha del Zócalo de la ciudad capital. Personal de la Secretaría de Gobernación Municipal intentó desalojarnos de la plancha del Zócalo, pero la oportuna intervención de algunas regidoras y regidores del Cabildo poblano evitó el desalojo.

El viernes 21 regresamos a Casa Aguayo para finalizar las actividades de la semana.

El sábado nos hicimos presentes en las afueras del CERESO de San Miguel.

El lunes 24 de mayo estuvimos frente a los juzgados penales.

Les queremos informar que las ciudadanas y ciudadanos que son la razón principal de la Campaña por la Justicia, han decido continuar con actividades que tienen como propósito favorecer una Cultura por el respeto y conocimiento de los Derechos Humanos.
La próxima actividad se desarrollará el viernes 28 en las instalaciones del Poder Judicial en el municipio de San Pedro Cholula.

Todas las peticiones que recibimos de la ciudadanía las integraremos a los expedientes que se han presentado a las autoridades correspondientes con anterioridad.

No queremos dejar de mencionar y agradecer el apoyo de todas las personas que se han solidarizado con la Campaña por la Justicia, del Comité Eureka y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. UIA-P.
Por su atención Gracias.







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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

Skype: reddh.mex

miércoles, 26 de mayo de 2010

Caso Emmanuel Hernández - Sentencia anulada, reposición del proceso



25 de mayo de 2010
Para ver en línea: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article720
Boletín #4
Caso Emmanuel Hernández Hernández
A 184 días de injusta prisión



A todas las Organizaciones y personas solidarias:

Debido a las irregularidades jurídicas presentes en el caso de Emmanuel, en la apelación se resolvió la reposición del procedimiento, es decir la sentencia de cuatro años de prisión queda totalmente anulada.

Si bien esta decisión es un reconocimiento jurídico de la injusticia que permea en los casos por motivos políticos, Emmanuel sigue preso y la obtención de su libertad, lamentablemente, se retrasará un poco más.

La negación del juez que sentenció para presentar testigos de descargo, los cuales fueron ofrecidos, es la razón fundamental para la reposición del procedimiento, dicha reposición permitirá a la defensa jurídica la presentación de dichos testigos y una nueva sentencia, esta vez, absolutoria para Emmanuel Hernández Hernández

AGRADECIMIENTO


A todas las personas solidarias que nos han ayudado a mantener esta lucha por la libertad de nuestro compañero universitario, un profundo agradecimiento, tengan la confianza de que los recursos aportados, así como las aportaciones en especie han servido para hacernos conscientes de que la solidaridad, es un principio humano universal que debemos fortalecer.

Un saludo de nuestro compañero universitario Emmanuel Hernández para todos ustedes, quién manda decir que sabrá responder a su apoyo y solidaridad, resistiendo la prisión por motivos políticos.

Así mismo la joven familia de Emmanuel envía un agradecimiento por el apoyo y la solicitud de que los sigan apoyando.

LO QUE PODEMOS HACER PARA SEGUIR APOYANDO A EMMANUEL:


Donativos en especie o en dinero, artículos de higiene personal básica que se necesita dentro del penal: (rastrillo, jabón, papel higiénico, pasta de dientes, cepillo dental, detergente, desodorante, pino, aceite, café, azúcar.)

SOLIDARIDAD PARA SU FAMILIA


Arroz, frijol, aceite, atún, sal, azúcar, sopa de pasta, leche en polvo, todo tipo de enlatados
Pañales para bebé de un año, biberones nuevos, ropa de bebé, talco, etc.
Así mismo, cualquier donativo en dinero es muy bien recibido.

CENTRO DE ACOPIO: CUBÍCULO ESTUDIANTIL DE CONTADURÍA, FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CU. UNAM
PARA PONERSE DE ACUERDO PARA LA ENTREGA DE ARTÍCULOS PARA EMMANUEL O SU FAMILIA LLAMAR AL TELÉFONO 56228361
PARA EL APOYO FINANCIERO, DEPOSITAR EN LA CUENTA 43361337639372 DE BANCO AZTECA A NOMBRE DE ROSA ELENA OSORIO MARTÍNEZ


ATENTAMENTE
Comité por la libertad de Emmanuel
Comité Cerezo México

martes, 25 de mayo de 2010

29 DE MAYO DE 2010 - DIA DE ACCION MUNDIAL CONTRA LA LEY SB 1070 DE ARIZONA

TRIBUNAL INTERNACIONAL INVESTIGARÁ CASO ARIZONA

México, Distrito Federal: 29 DE MAYO DE 2010 - DIA DE ACCION MUNDIAL CONTRA LA LEY SB 1070 DE ARIZONA. En solidaridad con los miles de migrantes que saldrán a las calles por todo Estados Unidos y en particular se concentrarán en Phoenix, Arizona, CONVOCAMOS y solicitamos su presencia frente a la Embajada de los Estados Unidos el día 29 de Mayo a las 12 del mediodía para protestar contra las medidas ilegales, discriminatorias y racistas que el estado de Arizona encabeza en contra de los trabajadores migrantes latinos y en particular en contra de los trabajadores mexicanos y sus familias.



Esta manifestación forma parte de los trabajos del primer

“Tribunal Internacional de Conciencia”

Que tiene como propósito investigar, documentar, y darle seguimiento a violaciones de los derechos y dignidad de migrantes, refugiado/as y desplazado/as en todo el mundo. El Tribunal ha iniciado su indagación de las implicaciones de la aprobación de la ley SB 1070, que legaliza el racismo y la xenofobia, además de las otras medidas y disposiciones que en cascada frenética, los que mandan en Arizona, han desatado y que han pasado casi inadvertidas.

En abril 22, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció un “Programa de Reforzamiento de Seguridad Fronteriza”, que prevé más recursos a fuerzas policiales y un aumento de las misiones aéreas en la línea divisoria con México. El plan ordena a la Guardia Nacional de Arizona aumentar el patrullaje aéreo y sus misiones de reconocimiento en la frontera y también incluye la expansión de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narco Terrorismo (JCNTF, en inglés). La Guardia Nacional de Arizona deberá crear “capacidades de vigilancia terrestre adicionales” con personal extra para aumentar unas 150 “misiones” adicionales por año. Añadió que ha solicitado al gobierno federal el envío de otros cuatro helicópteros a Arizona para realizar este tipo de misiones que serán siempre coordinadas con las corporaciones civiles de seguridad y con la Patrulla Fronteriza.

2010 - El 23 de abril, la gobernadora del estado de Arizona convirtio en Ley la Proposicion Senatorial

En abril 23, la gobernadora firmó la Proposición Senatorial 1070 (SB 1070), "Acta de apoyo a las Fuerzas Policíacas y Vecindarios Seguros”, que tiene como objetivo “… desalentar e impedir la ilegal entrada y presencia de extranjeros, así como la actividad económica por personas ilegalmente presentes en los Estados Unidos.” en la que se tipifica como delito el que una persona no tenga los documentos migratorios apropiados. Requiere que los policías, si “tienen una sospecha razonable” que alguien es un inmigrante ilegal, determinen con certeza su status migratorio. Aquellos individuos que no puedan producir los documentos que indiquen que tienen permiso de estar en los Estados Unidos, pueden ser arrestados, encarcelados y multados.

El 11 de mayo, se aprobó la Proposición HB 3381, que prohíbe los programas escolares “diseñados para alumnos de un grupo étnico en particular”. Esta disposición prohíbe cursos que promuevan la solidaridad étnica, que sean diseñados principalmente para estudiantes de una raza en particular o que promuevan resentimiento hacia algún grupo étnico determinado.



El lenguaje de la ley lleva dedicatoria expresa para eliminar los programas de estudios Chicanos o México-americanos del Distrito Escolar de Tucson en el que se ofrecen cursos en estudios afroamericanos, México-americanos, y de los pueblos originarios, que enseñan historia, y literatura e incluyen información acerca de la influencia de un grupo étnico particular. El 56% de los estudiantes del distrito son latinos, alrededor de 31,000.

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, se pronunciaron en contra de la ley. A decir de estos expertos “una ley y una actitud como esas casan mal con la responsabilidad del Estado de respetar el derecho de cada uno a acceder a su propia herencia cultural y lingüística”.

Estas acciones superan con mucho las intentadas por el gobernador Pete Wilson de California con su promoción de la tristemente célebre Proposición 187 en 1994. Más de 400,000 personas de origen mexicano y latinoamericano serán las receptoras del acoso y de las “medidas de control”, que reproducen los peores elementos del apartheid sudafricano e israelí, y transforman cualquier persona "sospechosa" de ser migrante indocumentado en blanco de persecución policial.

El Tribunal investigará las implicaciones de la nueva ley estatal dentro del marco de las responsabilidades de autoridades estadounidenses, mexicanas, y de otros países involucrados de tránsito y origen en asegurar el respeto de los mínimos establecidos por la normatividad internacional y nacional pertinente, y a la luz de los imperativos éticos que fundamentan la insistencia en los movimientos de base de migrantes en todo el mundo a favor del reconocimiento de su derecho a migrar, a no migrar, y a no ser desplazado/as forzosamente, y a ejercer estos derechos sin discriminación y sin ser víctimas de violencia estatal, estructural y sistémica, y concluirá sus trabajos, entre el 4 y 6 de Noviembre, como parte del foro alternativo al IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo organizado por el estado mexicano y la Fundación BBVA Bancomer, que carecen de la legitimidad necesaria para realizar este evento.

Esperamos contar con su presencia frente a la Embajada de los Estados Unidos

el día 29 de mayo a las 12 del mediodía

NO a las medidas ilegales, discriminatorias y racistas del estado de Arizona contra los trabajadores migrantes latino-mexicanos y sus familias.

NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL – NO LEGALIZACION, NO REELECCION – PAPELES PARA TODOS

Para comunicarse: tribunalmigrante@gmail.com, www.tribunalmigrante.saltoscuanticos.org

Convocan entre otros: Elvira Arellano, Familia Latina Unida Sin Fronteras; Marta Sánchez Soler, José Jacques y Medina, Movimiento Migrante Mesoamericano; Camilo Pérez Bustillo, MIREDES Internacional; Enrique González Ruiz, Amarela Varela, Marylena Bustamante, Valeria Moscoso, Salvador Aguilar UACM; José Antonio Foronda, Precademac A.C.; Manuel Fuentes Muñiz, Oscar Alzaga, Adriana Jiménez Moles, ANAD; Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA); Asamblea de Migrantes Indígenas del DF; Epifanio Díaz Sarabia, Movimiento Indígena Alternativo; en nombre del Comité Promotor Internacional del Foro Alternativo de los Pueblos en Movimiento; Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Gilberto Lopez y Rivas, Ángel Guerra: capítulo mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad; En Arizona y California: National Day Labor Organizing Network (NDLON), Puente, Tonatierra-Nahuacalli, Hitec Aztec Communications/4 Rumbos-4 Colores/Fuerza Mundial; y la Coalicion de Derechos Humanos.

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NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL – NO LEGALIZACION, NO REELECCION – PAPELES PARA TODOS
Paracomunicarse:
tribunalmigrante@gmail.com , www.tribunalmigrante.saltoscuanticos.org

Stand against "Hate"! Join with the Artists Against Arizona Campaign: Lift your voices by becoming a signatory to the campaign against Arizona's discrimination toward the undocumented, Ethnic Studies, and strides repealing the l4th Amendment. http://www.facebook.com/pages/Artists-Against-Arizonas-SB 1070/114160971948532?ref=ts
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¡Ningún ser humano es ilegal!

http://tribunalmigrante.saltoscuanticos.org/

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Godard 20
Colonia Guadalupe Victoria
CP. 07790, México. D.F.
Tel/fax: 53560599 y 53564724
www.rmalc.org.mx

domingo, 23 de mayo de 2010

Campaña por la Justicia va a los Juzgados Penales

A los medios de comunicación
A la opinión pública

La Campaña por la Justicia: Alto a la Corrupción, Alto a la Impunidad
continuando con sus demandas en su tercer semana de manifestaciónes pacíficas, en ésta ocasión realizará sus actividades en la sede de los Juzgados Penales, ubicado en 12 oriente #608, Centro Histórico.

Atentamente

¡¡JUICIO Y CASTIGO AL JUEZ 4º DE LO PENAL: ALBERTO MIRANDA GUERRA!!

¡¡JUICIO Y CASTIGO AL JUEZ 3º DE LO PENAL: IDALIA ARCINIEGA ARIAS!!

¡¡ALTO AL TRÁFICO DE INFLUENCIA EN EL CASO: MARIA CRISTINA PÉREZ ROMANO!!

¡¡FIZCALIA ESPECIALIZADA, NO IMPUNIDAD, BASTA AL TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL EXPEDIENTE HUITZILAN!!

¡¡ALTO A LA PROTECCIÓN DE DELINCUENTES, INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIA EN EL CASO: TIANGUIS POPULAR SAN DIEGO MANZANILLA!!

¡¡INTERVENCIÓN DE LA PGJ Y DE CONTRALORIA INTERNA PARA INVESTIGAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS EN LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS E INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS!!

¡¡ ALTO A LA PROTECCIÓN DE DELINCUENTES, INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES Y PREVIA Y BASTA AL TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL CASO: CENTRO COMERCIAL JORGE MURAD MACLUF!!



PANEL DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PUEBLA

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “JOEL ARRIAGA NAVARRO”

Cdh_joel@hotmail.com

Cel: 044 22 21 14 53 68

RED DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

contacto@reddh.org

Cel: 044 22 21 27 68 39

VICTIMAS Y FAMILIARES DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS



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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

Skype: reddh.mex