El fallo de la Corte sobre Acteal no descarta crimen de Estado: CIDE

Cabrero Mendoza y López Ayllón aceptan posibilidad de tintes políticos al empujar el caso
Que hagan su chamba y castiguen a culpables; nuestra tarea no era probar que hubo paramilitares
Laura Poy Solano

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) pudo haber sido utilizado por grupos de interés vinculados con organizaciones evangélicas, al aceptar la defensa jurídica de 57 indígenas acusados de participar en la masacre de Acteal, reconocen Enrique Cabrero Mendoza y Sergio López Ayllón, directivos de esa casa de estudios.
Sin embargo –afirmaron–, nos pareció una causa legítima, por lo que no fue una defensa de profesionales o académicos sin escrúpulos, sino de un grupo de investigadores que están convencidos de la presunción de inocencia de los 20 liberados.
Cabe destacar que en febrero de 2006, Hugo Eric Flores Cervantes, quien se desempeñaba como profesor invitado del CIDE, firmó un pacto electoral con el PAN a cambio de revisar el expediente de la matanza de Acteal, por lo que las autoridades del centro reconocieron que pudo haber tenido sus motivaciones y compromisos personales, pero la institución adoptó este caso dentro de una agenda y realizó el trabajo con gran objetividad y profesionalismo.
Señalaron que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que liberó a una veintena de acusados tampoco descarta la teoría del crimen de Estado, y si fue así, que alguien haga la chamba que debe hacer y lo demuestre para que se castigue a los culpables. Asimismo, afirmaron que no era problema de la defensa establecer si había o no paramilitares en los Altos de Chiapas, cosa que es altamente probable, o cierta.
En entrevista con La Jornada, aseguraron que si en el trayecto hay grupos de interés que se montan en el trabajo del CIDE, y lo usan, eso es inevitable. Cualquier institución académica que se pronuncia sobre los problemas del país y sobre las deficiencias de las políticas públicas corre el riesgo de quedar en medio de este tipo de controversias.
Tras la polémica generada por la liberación de 20 indígenas acusados de la matanza, luego del apoyo que les dio la Clínica de Interés Público del CIDE, que solicitó 57 amparos ante la SCJN por violaciones al debido proceso, Cabrero Mendoza, director general, y López Ayllón, secretario general y ex director de la División de Estudios Jurídicos (DEJ), reconocieron que el caso Acteal fue recomendado por Hugo Eric Flores Cervantes, líder evangélico y dirigente de la agrupación política Encuentro Social, y por el entonces director del DEJ, Alejandro Posadas.
–¿Cómo llegó a la clínica del CIDE el caso Acteal?
–En ese momento, Alejandro Posadas y Hugo Eric Flores traían el interés del caso, y se les ocurre decir: ¿por qué la clínica no toma la defensa de estas personas? Se hizo el análisis, se comentó y se tomó, porque es un caso paradigmático de los problemas de impartición de justicia en México.
–¿Se evaluaron otros casos?
–En esa época no había otros. Acteal era el que tenía todas las características para ser tomado por el CIDE, por la violación flagrante al debido proceso.
–¿En qué momento deciden asumir la defensa?
–El asunto se analiza en la segunda mitad de 2006, pero la decisión de tomar la defensa, una vez que el abogado ha platicado con los procesados y éstos dan su consentimiento, se da hasta enero de 2007, cuando nadie estaba defendiendo a estas personas.
–¿Se analizó cuáles eran los intereses políticos de Flores Cervantes para recomendar el caso, luego de su compromiso electoral con el entonces aspirante presidencial Felipe Calderón?
–En esa época Hugo Eric era profesor visitante. De hecho, ni siquiera ingresó al claustro de profesores, aunque tenía las credenciales académicas suficientes y las capacidades, pero él no se involucró en la clínica, su especialidad eran las compras gubernamentales. De la reunión que tuvo con Calderón nos enteramos tiempo después, pero cuando nosotros tomamos el caso sí habo un debate en el claustro, pero la consideración política nunca estuvo presente.
Ahora se está haciendo una conexión entre Hugo Eric y el caso. Nadie ha dicho que él no tenía un interés, pero nunca participa en la defensa, no plantea las estrategias y se va del CIDE en 2006. Esta conexión que están haciendo entre la decisión (de asumir la defensa) y si (Ernesto) Zedillo y todo esto, chance sí, pero en ningún momento fue un elemento que se tomara en cuenta para asumir el caso, porque la discusión iba por un lado completamente distinto.
–¿No corren el riesgo de que se interprete que la institución fue utilizada?
–Por supuesto, es justamente lo que está pasando.
Pacto con Calderón
–¿Se consideró que detrás de la propuesta de Flores Cervantes había un pacto de la Iglesia evangélica para ofrecer votos a Calderón a cambio de la revisión del caso?
–No negamos que eso pudo haber sucedido, que ese era el interés de quienes empujaron el caso, pero eso no tiene que ver con las razones por las cuales el CIDE lo tomó ni con los motivos por los que se apoyó la liberación de gente que presumimos inocente.
–¿Cómo se obtuvo el financiamiento por más de 500 mil pesos?
–Los recursos que recibió el CIDE no fueron para el caso Acteal, sino para el programa de reforma de la enseñanza del derecho, del cual depende la clínica.
–¿Cómo lograron obtener recursos de la Hewlett Foundation (HF) y la Open Society Institute (OSI) para el caso Acteal?
–El financiamiento de la HF nunca va dirigido, es más, ni se entera de qué casos tomamos, se le informa cuando hacemos el reporte. Los fondos que entregó son para el programa, y como la clínica depende de él, se utilizaron algunos recursos, mientras que la OSI dio otro financiamiento dirigido a la enseñanza de la clínica, no para el caso Acteal en concreto, pero hay una parte de ese monto que se le destinó.